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Una postura sobre la aplicación de la Nueva Ley de Honorarios 27.423


Mucha incertidumbre está generando la aplicación de nueva y vigente Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, Nº 27.423.

A modo de aportar un poco de luz a esto, más allá de las observaciones que tuvo la ley, a continuación compartimos la parte de un proveído, en el que el Juez manifiesta su postura respecto de su aplicación en los distintos procesos judiciales en curso.


"Buenos Aires, 17 de abril de 2018.-

1. La oportunidad regulatoria sobreviene a la vigencia de la ley 27.423, la cual establece un nuevo régimen arancelario para abogados y procuradores.

Ahora bien, teniendo en cuenta el principio general del CCyCN: 7, en cuanto a la irretroactividad de las leyes, es que considero que las modificaciones introducidas por la nueva ley de honorarios no resultan de aplicación en la siguiente regulación (CNCom. “A”, 14.02.2018 “Agrelo Daniel c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ ordinario”).

Ello así, pues su trámite se desarrolló durante la vigencia de la ley 21.839.

Es que de aplicarse retroactivamente las disposiciones de la nueva normativa a los procesos en curso, podrían verse vulnerados derechos adquiridos.

En concordancia con ello se encuentra el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Francisco Costa c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”
del 12.09.96, en cuanto a que los honorarios deben ser regulados de acuerdo a la ley vigente al momento de cumplirse los trabajos objeto de la regulación.

Conclúyese de lo expuesto que, a los fines de la fijación de los emolumentos de estas actuaciones, resultan de aplicación los parámetros arancelarios de la ley 21.839 (modificada por la ley 24.432), en tanto la mayoría de las etapas del presente proceso fueron desarrolladas bajo su vigencia.-"


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USO DE POS y POSTNET: COMUNICADO DEL CPACF


El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal señala
su honda preocupación atento que a partir del 1 del corriente
comenzó la obligatoriedad del uso de medios 
electrónicos
como formas de pagos a comercios, empresas, profesionales
 y monotributistas que vendan productos y servicios al
consumidor final (conf. Ley 27.253 y Dto. 858/16).
Conforme a informaciones periodísticas se habría incluido por
resolución de AFIP de manera “a todas luces incorrecta” a los
profesionales del Derecho y otras Ciencias Universitarias.


Nos sorprende en orden que, en ese caso la AFIP interpretaría erróneamente las disposiciones de la
Ley 27.253 (v. art. 10 de dicha ley) mediante la Res. Gral. 3997-E y la circular 1-E 2017, por lo cual dicho
organismo entendió que los profesionales en general prestaríamos servicios de consumo masivo
quedando comprendidos en dicha obligatoriedad; debiendo contar cada uno de nosotros profesional con
una terminal electrónica P.O.S. para la cancelación de honorarios y retribuciones por la prestación del
servicio brindado, con tarjeta de débito por parte del cliente.
No existe ni el más mínimo atisbo de duda de que los servicios que prestamos los Abogados y otros
Profesionales Independientes NO SON DE CARÁCTER MASIVO, muy por el contrario lo son de carácter
individual y, la mayoría de las veces brindado a medida de cada uno de nuestros clientes. Solo insinuar
que "venderíamos nuestros servicios" constituye una afrenta a toda la familia de la Abogacía Argentina.
Los servicios de consumo masivo son aquellos cuya demanda es alta por ser requeridos y utilizados por
totalidad o gran parte de comunidad en su conjunto (por ejemplo los productos de la canasta básica,
servicios de internet, medicina prepaga, televisión por cable, telefonía móvil, entre otros); mientras que los
servicios que brindamos los Profesionales Independientes se hacen ante cuestiones puntuales y a
requerimiento del “cliente”, es decir, no existe el ofrecimiento directo, de hecho, en muchos Colegios y
Consejos Profesionales de existir ese ofrecimiento si no se adecuara a determinados protocolo,
constituye falta ética grave.
Confundir a quien ejerce el comercio con un profesional independiente es desconocer la naturaleza
jurídica más elemental que distingue de manera tajante a las obligaciones de medios y las de resultados,
produciéndose un escándalo jurídico enorme dimensión desconocido desde las Leyes de Manú hasta
nuestros días.
En esa inteligencia es dable señalar que los Abogados en el ejercicio profesional, realizamos prestaciones
personalizadas con limitaciones en la cantidad de casos que podemos tramitar al mismo tiempo y sin
difusión de los servicios que prestamos. A mayor abundamiento es que estamos excluidos expresamente
del ámbito de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (conf. art. 2 de la Ley 24.240), por la
diferencia entre obligaciones de medios y resultados.
Así, resulta claro que la obligación impuesta en el art. 10 de la ley 27.253 no debe alcanzar a los servicios
profesionales brindados por los Abogados y profesionales independientes de otras ramas puesto que
derivarían los mismos en serios perjuicios para todos.
Si bien uno de los objetos de la ley citada es pretender aumentar los controles con el noble fin de evitar la
evasión, la interpretación incorrecta de la normativa a lo que llevaría es al efecto contrario, ya que no se
tiene en cuenta por ejemplo, que los Letrados trabajamos muchas veces en casos de personas
pertenecientes a clases pauperizadas que no se encuentran bancarizados los que, deberían pagar en
negro, o bien hasta podría llegarse a producir un estado de indefensión sin acceso a la justicia de quienes
se ecuentren en dicho estado u otro similar, rompiéndose el sagrado Derecho a la Tutela Jurídica Efectiva.
Por todo ello, nuestra Institución llama a la reflexión de las autoridades nacionales a efectos que de
inmediato comuniquen a la sociedad en su conjunto que los Profesionales Independientes se encuentran
fuera de esta normativa ya que de lo contrario resultaría una situación ilegal e inequitativa que, en nuestro
caso, pulverizaría el acceso a la justicia de los más vulnerables y, el inalienable Derecho Constitucional
de Trabajar consagrado por los arts. 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional y Convenciones
Internacionales que el país es parte.
Pablo DameschikSecretario General

Jorge Rizzo
Presidente


Fuente: CPACF

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Direcciones de utilidad - Justicia Nacional y Federal

  • Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal: Talcahuano 550 PB
  • Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal: Talcahuano 550 PB
  • Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal: Viamonte 1147
  • Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal: Lavalle 1220
  • Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal: Diagonal Pte. Roque Sáenz Peña 1211
  • Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Nación: Lavalle 1554
    Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal: Av. de los Inmigrantes 1950
  • Cámara Federal de la Seguridad Social: Lavalle 1268, Subsuelo

Mesas Receptoras
Son mesas de entrada de recepción de escritos de distintos Juzgados. 

Fuero Civil:
- Lavalle 1220: Recibía para todo el fuero civil. Desde el 01/10/2014 recibe para Juzgados de Inmigrantes, Lavalle 1212 y Lavalle 1220.
- Av. de los Inmigrantes 1950: Recibe para todo el fuero civil.
- Talcahuano 490: Recibe solo escritos para juzgados de ese edificio. Desde el 01/10/2014 recibe para el mismo edificio y para Juzgados del Palacio de Justicia.
- Uruguay 714: Recibe solo escritos para juzgados de ese edificio. Desde el 01/10/2014 recibe para el mismo edificio y para Juzgados del Palacio de Justicia.
Tener presente que hubo cambios en las mesas generales de entradas del Fuero Civil desde el 01/10/2014. 

Fuero Laboral:
- Lavalle 1268: Recibe para todo el fuero laboral.
- Tte. Juan D. Peron 990: Recibe para todo el fuero laboral.
- Diagonal Roque Sáenz Peña 760 (Diagonal Norte):  Recibe para todo el fuero laboral.
- Paraná 520, Piso 1º: 
Recibe escritos para todo el fuero laboral. 1º Juzgado 68, 2º Juzgado 70 y 80, 9º Juzgado 71 y 10º Juzgado 75, 11º Juzgado 79.

Fuero Comercial:
- Diagonal Roque Sáenz Peña: 1211: Recibe solo escritos para juzgados de ese edificio.
- Marcelo T. de Alvear 1840: Recibe solo escritos para juzgados de ese edificio.
- Callao 635: Recibe solo escritos para juzgados de ese edificio.

Oficina de Peritos
Fuero Laboral:
Lavalle 1554 1º Cuerpo
Tel: (11) 4124-5732/5677
E-mail: cntrabajo.peritos@pjn.gov.ar


Observación respecto de escritos presentados por Mesa de Entradas:
- Tener presente los requisitos dispuestos por el Art. 46 del reglamento de la Justicia de la Nación.
TINTA Y FIRMA DE LOS ESCRITOS
46. — En todos los escritos deberá emplearse exclusivamente tinta negra. En ningún caso las firmas podrán estar totalmente comprendidas dentro de las estampillas fiscales y siempre deberán se aclaradas al pie. Los abogados y procuradores indicarán, además, el tomo y folio o el número de la matrícula de su inscripción.
Ver Auxiliares de la Justicia. NET En un mapa ampliado

también se pueden consultar los distintos Juzgados en la Ciudad de Buenos Aires desde el siguiente link 


Ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal


LEY DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS, PROCURADORES Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL

Ley 27423

Creación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

LEY DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS, PROCURADORES Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL

TÍTULO I

Disposiciones generales

Capítulo I

Ámbito y presunción

ARTÍCULO 1°.- Los honorarios de los abogados y procuradores que por su actividad judicial, extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación actuaren como patrocinantes o representantes, o auxiliares de la Justicia, respecto de asuntos cuya competencia correspondiere a la justicia nacional o federal, se regularán de acuerdo con esta ley.

Asimismo, estas normas se aplicarán para la regulación de los honorarios de los demás auxiliares de la Justicia con respecto a su actuación en los asuntos referidos en el párrafo primero, excepto lo que con relación a ello dispongan las leyes especiales.

ARTÍCULO 2°.- Los profesionales que actuaren en calidad de abogados para su cliente y hayan sido contratados en forma permanente, con asignación fija, mensual o en relación de dependencia, no podrán invocar esta ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o si mediare condena en costas a la parte contraria o a terceros ajenos a la relación contractual.

ARTÍCULO 3°.- La actividad profesional de los abogados y procuradores y de los auxiliares de la Justicia se presume de carácter oneroso, salvo en los casos en los que conforme excepciones legales pudieren o debieren actuar gratuitamente. Los honorarios gozan de privilegio general, revisten carácter alimentario y en consecuencia son personalísimos, embargables sólo hasta el veinte por ciento (20%) del monto que supere el salario mínimo, vital y móvil, excepto si se tratare de deudas alimentarias y de litis expensas.

Los honorarios serán de propiedad exclusiva del profesional que los hubiere devengado.

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